Publicación de la norma ISO 26000 está a la vuelta de la esquina: Guía para los desmemoriados

Un conjunto de aspectos esenciales para el desarrollo y modernización de la RSE incluye la norma ISO 26000, aprobada a inicios de este año, y que será publicada a fines de este mes. El primer punto que debemos aclarar es que dicha regla internacional no es sinónimo de un afán regulatorio, sino que su objetivo es ser una guía para las empresas que deseen incorporarse a este proceso.

Con ello se pone fin a las incertidumbres que aún rodean a esta norma por parte de empresas que estaban preocupadas por un eventual rol regulador y certificatorio de la ISO 26000. Esta sólo es un sistema asesor que implica una serie de recomendaciones, orientaciones y propuestas metodológicas para implementar estrategias de RSE, así como indicadores estándar susceptibles de integrar con estrategias más globales como la scorecard.

Si bien las empresas o consultoras especializadas no deberán aumentar sus costos de adaptación a esta norma, puesto que no deben preocuparse de obtener una certificación en particular por sus prácticas de RSE, lo cierto es que los organismos de normalización de cada país podrán diseñar normas de certificación a modo de guía para las diversas organizaciones que pretendan implementar la RSE, no importando su tamaño ni el sector donde se desempeñan.

 Es bueno saber que la ISO ha afirmado en varias oportunidades que no pretende ser un sistema de gestión o control destinado a instalar una diferenciación de carácter competitivo entre las empresas y especialistas en el campo de la RSE, sino que simplemente busca dar una mayor orientació para que el enfoque y desempeño en cuanto a sostenibilidad no difiera en sus términos fundamentales.

Algunos de los aspectos fundamentales de esta norma se referirán a conceptos, definiciones y términos relacionados con la RSE, así como sus principios y prácticas; la integración de la RSE a lo largo de las organizaciones y su esfera de influencia; y la identificación y compromiso con los grupos de interés.

En cuanto a los principios básicos, se establecieron siete pilares a recomendar: Rendición de cuentas; Transparencia; Comportamiento Ético; Respeto por los intereses de las partes interesadas; Respeto por la ley; Respeto por la normativa internacionales de comportamiento, y el Respeto por los derechos humanos.

Un punto relevante es la consideración de las convenciones humanitaria de la OIT con las cuales se implementó en parte la ISO 26000. Si éstas se aplican como principios en la organización se aumenta la posiblidad de alejarse de los típicos problemas que afectan a ciertas empresas por no tener una estrategia de RSE. Estas leyes recomiendan que las organizaciones no practiquen el trabajo forzado; respeten normas de higiene y seguridad; permitan la libertad de asociación; prohíban el castigo físico y psicológico de los trabajadores; el cumplimiento del horario de trabajo semanal, y la formalización legal en el pago de remuneraciones.

La norma está pensada para aplicarse más allá de los límites de la empresa ya que su objetivo es que oriente a todas las organizaciones públicas, sea del mundo estatal o privado, así como en los organismos civiles. Su fundamento apunta a ser asimilada como un enfoque estratégico de comunicación que no sólo se delimite en términos mediático-corporativo, sino que se entienda bajo una lógica de intercomunicación humana desde la organización hacia afuera.

La ISO 26000 tendrá un plazo de tres años para realizarle los debidos seguimientos en su aplicabilidad para, sobre esta base, perfeccionar sus contenidos y alcances en el año 2013.

La inconveniencia de regular uniformemente a la RSC

¿Habrá llegado el momento de regular el ámbito de acción de la Responsabilidad Social Corporativa? Y es que, luego de las últimas dos crisis financieras que han afectado a la economía mundial, los niveles de confianza entre los actores externos a las empresas han quedado bastante mermados. Uno de los blancos preferidos por parte de las críticas más ortodoxas y radicales  es el modelo de gestión en general, pero últimamente también se tiende a identificar a la RSC como una simple operación de maquillaje para encubrir el verdadero objetivo de las compañías: ganar dinero a costa de los demás, según la percepción del sentido común.

Bajo esta perspectiva, se diluye la idea de incorporación voluntaria de las empresas a la RSC , con el propósito de darle una obligatoriedad general, regulando ciertos aspectos del tema, como ha sucedido en Dinamarca, Francia, Inglaterra y en algunas regiones de España, donde se ha verificado la existencia de un espíritu irresponsable dentro del sector privado, razón por la cual aumentan las tendencias a intervenir por parte de organismos estatales. Actualmente instituciones globales como la ONU han tomado un sesgo Pro obligatoriedad para evitar malas prácticas y la ausencia de compromisos en el mediano y largo plazo por parte de las empresas que adhieren al sistema RSC.

 Un paso concreto en esta línea se ha dado en la región española de La Extremadura , donde el gobierno regional se prepara a lanzar una Ley de RSE que considera distintas acciones formativas para la dirigencia de las empresas, además de otorgar un sello que las identifique como firmas socialmente responsables. En América Latina también se está instalando esta visión, particularmente en Colombia donde existe un proyecto de Ley que define las normas de la Responsabilidad Social y Medioambiental de las empresas, junto con otras disposiciones. En Argentina están presentes normativas que obligan a las empresas a presentar Balances Sociales enfocados en los recursos humanos. 

Aquí es donde se deben definir los límites del afán regulador, pues se debe partir de la base que la RSC efectivamente es un modelo paradigmático complejo que incluye múltiples variables y no un mero conjunto de iniciativas de carácter filantrópico y difuso. En este marco, una regulación fija no es recomendable para las actividades dinámicas que implica la RSC, con sus lógicas de construcción y adaptación de las organizaciones, sean éstas empresas, sindicatos, organismos públicos, ONGs y otras organizaciones sociales. El principal argumento para evitar un marco legal uniforme y estandarizado es que un concepto intrínsecamente dinámico como la RSC siempre estará en un proceso de mejoramiento continuo, siempre en construcción con ocasionales intervalos de espera.

 El problema de la regulación pasa más por las prácticas empresariales o de gobiernos corporativos en función a las crisis surgidas en los últimos años, en vez que al paradigma de la RSE. A grandes rasgos, la regulación busca corregir las fallas del mercado, pero el punto es que un modelo estratégico de RSC también pretende perfeccionar o reducir los ripios que se generan en la competencia económica y que se traducen en externalidades negativas para los agentes exógenos a una empresa u organización. Sobre esta base, el afán regulador no debería enfocarse al concepto de la RSC, sino a las demás prácticas constituidas anteriormente a éste fenómeno, cuyos objetivos apuntan a subsanar los errores o la falta de visión organizacional hacia los actores internos y externos.

 La otra realidad que ha adquirido la RSC es su alta capacidad de flexibilidad de acuerdo al carácter de la empresa o la organización con su entorno, por lo cual la figura regulatoria podría transformarse más en un factor limitativo que en un factor de ordenamiento. En otras palabras, el afán regulatorio de carácter homogenizador incorporaría mayor confusión al sistema de RSC, cuya atención principal se centra en las presiones del mercado y de los stakeholders.

 Frente a este escenario, la publicación de Guías que aconsejen líneas de acción en RSC para las organizaciones económicas, públicas y sociales constituyen la alternativa más viable para controlar el tema bajo las perspectivas de las autoridades, tal como lo demuestra la experiencia realizada en algunos países escandinavos.

Balance Social en las Pymes: La apuesta pasa por el territorio

 

Cuando hablamos de Responsabilidad Social de Empresa, la primera idea que se viene a la mente es una gran unidad productiva que no tiene problemas para desarrollar un Balance Social (BS) que dé cuenta de sus resultados económicos y sociales a los llamados stakeholders (comunidad, consumidores-clientes, trabajadores, gobiernos-ONGs), con las cuales se relacionan cotidianamente.

Pero la apreciación cambia radicalmente si se plantea la posibilidad de elaborar este mismo instrumento dentro de una micro, pequeña y mediana empresa. ¿Será posible que éstas puedan hacer lo mismo?.

La primera respuesta que nos podrìamos imaginar es que los empresarios del sector consideren poco menos que una utopía realizar un BS, pues más bien sería un rompecabezas: aumento de costos, pérdida de tiempo o -peor aún- potenciales conflictos con los trabajadores y las comunidades que es mejor ahorrarse, etc. Razones más que suficientes para mantener todo como está y no meterse en camisas de once varas.

Sin embargo este tipo de juicio debería quedar en el olvido si consideramos la experiencia europea, donde las Pymes son la base económica del continente, particularmente en Italia, donde se observan sorprendentes resultados por parte de las Mipymes que logran publicar sus balances sociales, sin complircarse más de lo debido.

Así lo explica la Direcciòn General de Empresas de la Unión Europea: “La naturaleza flexible y familiar de muchas pequenas y medianas empresas les permite a ellas reaccionar rápidamente frente a los cambios del mercado, desde el momento en que pueden individuar y aprovechar las oportunidades de mercado más fàácilmente respecto a la mayoría de las grandes empresas”.

Un criterio fundamental que debe comprender el sector es la simplicidad. Las Pymes pueden crear un BS apuntando a dos stakeholders: sus trabajadores y la comunidad territorial donde operan, es decir en una determinada comuna. De hecho, ¡en Italia es posible encontrar balances sociales de sólo seis páginas!. Aquí preferentemente se muestran indicadores relacionados con el ambiente laboral como índices de accidentabilidad y seguridad; tablas comparativas de sueldos entre los funcionarios, nivel de capacitación, tipos de contratos, horarios de trabajo, etc. La publicación de estos datos -además de un sintético Código de Etica y un Programa de Objetivos Sociales- ha contribuido a mejorar el clima de trabajo de cada unidad productiva que aplica esta iniciativa, aumentando su productividad y competitividad en los territorios donde realizan sus actividades.

En consecuencia es posible encontrar un gran abanico de Mipymes, que operan desde los servicios de aseo hasta la producciòn metalmecanica, artesanal o de calzados que han logrado publicar un BS destinado a los stakeholders de un territorio (gobiernos regionales, comunidades, lo que redunda en un aumento de ingresos para las empresas del sector, porque logran insertarse en un circuito donde ya no existen actores desconocidos, sino que un ambiente de relaciones con un bajo nivel de conflictos.

Esto se ha traducido en que el 58% delle Pymes italianas financia actividades y organizaciones sin fines de lucro en la medida de sus capacidades, pues la elaboración del BS les ayuda a obtener un mayor reconocimiento en las comunidades externas donde se ubican, razòn por la cual el 55% de éstas dirigen su inversión en los mismos territorios donde operan, obteniendo también un mayor reconocimiento de los clientes y de las grandes empresas que se aprovisionan de ellas. En otras palabras, un pequeño y simple BS permite a las Mipymes salir del anonimato dentro de un determinado mercado.

Tanto como para una micro (de hasta ocho trabajadores), como para una pequeña empresa (de 10 hasta 49 trabajadores), los costos para crear un BS no son exorbitantes: Basta pensar que en Italia alcanza a un gasto promedio de tres mil euros (cerca de $ 2.250.000) que se destinan a la contratación de expertos, la organización del personal que recoje los datos al interior de la empresa y la impresión y publicación del BS. Si consideramos el tamaño de estos dos tipos de empresa, el tiempo de la recolección de datos no supera un mes de trabajo, bien distribuido para no afectar los ritmos de producción.

El principal resultado de este trabajo a escala es la reducción de los principales obstáculos que aprecian los empresarios del sector: falta de claridad y organización para elaborar y mostrar resultados sociales al interior de la empresa, además de la falta de tiempo, y algunas resistencias culturales como la incredulidad en alcanzar resultados positivos.

Pero, a la postre, los juicios positivos superan largamente las aspectos negativos: Un 32% de los empresarios del sector piensa que un simle y conciso BS es un empuje para que las empresas se radiquen en los ambientes locales; un 35% dice que el BS les ha mejorado los conocimientos interpersonales internos y externos, mientras un 14% reconoce una mayor capacidad para adoptar nuevas estrategias de mercado.

Eso sí, para obtener estos logros es fundamental el apoyo del sector público al sector en materia de Responsabilidad Social, especialmente por parte de los Gobiernos Regionales, provinciales y comunales de Italia que han destinado pequenos presupuestos para ayudar a las Mipymes en la elaboración, redacción y publicación del BS. Una realidad que en Chile se podría replicar a través de organismos como Corfo, Sercotec o la División de Organizaciones Sociales que tiene un rol fundamental para contactar a las Pymes con las comunidades territoriales donde éstas trabajan. No menos importante es el papel del mundo académico, pues en Italia la mayorìa de las universidades regionales entrega los modelos metodológicos a las autoridades públicas (regionales, provinciales y comunales) y a empresarios del sector en cada territorio.

Este triángulo de cooperación (Gobiernos Regionales y Municipalidades-Universidades- Mipymes) en las zonas salmoníferas de la X y XI región, o las Mipymes de servicios que operan en la V y VIII región, donde la elaboración de los respectivos balances Sociales consideren las dimensiones de las Mipymes y su influencia en las comunidades donde operan, aplicando instrumentos que midan y analicen, por ejemplo, los efectos del subsidio a la contratación a la mano de obra por parte del Sence, en los trabajadores y en la comunidad donde habitan.

Con ello, las propias empresas serían la fuente de nuevas mediciones sociales, aportando datos casi inexistentes por parte del sector, con lo cual se generaría una retroalimentación positiva entre las autoridades, la comunidad y el sector privado para perfeccionar políticas laborales, productivas y públicas en la zona.

Este sería el primer paso para masificar la presencia del BS en la Mipyme chilena, a partir de los elementos que aporta la experiencia italiana, donde actualmente las demandas de financiamiento para crear este instrumento por parte del sector se está dirigiendo a las organizaciones gremiales y a las Cámaras de Comercio.

El Balance Social como la catapulta para dejar el infantilismo en la RSC

 

Iniciaremos esta columna con una afirmación fuerte y clara: En Chile, la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) quedó estancada en la etapa infantil, siendo sólo un fenómeno que no encuentra las condiciones para transformarse en una base social sólida, es decir en un institucionalidad que implique prácticas sistémicas por parte de las empresas, el Estado y las organizaciones de las sociedad civil.La inmadurez demostrada en este tema queda manifestada tanto en el sector privado como público. En ambos actores, el concepto se confunde con la beneficencia social, como una forma de dar “limosna” a los necesitados y no como un modelo estructurado sistemáticamente en conjunto con los demás actores externos a las actividades de las empresas. Son demasiado pocos los casos disponibles de empresas chilenas que apliquen un programa basado en metodologías sustentables en el tiempo y eso demuestra el poco interés por dar pasos más firmes en este terreno con el propósito de pasar del actual modelo asistencialista de la RSE a un modelo integral que incluya diferentes herramientas como el Balance Social que puede ser considerado como el carnet que testimonia la madurez de una organizaciòn en esta àrea.

El primer paso para salir de la etapa infantil es reconocer que el Balance Social no debe ser visto con una perspectiva instrumental con un objetivo en sì mismo, sino que debe considerarse como un medio real para contribuir y mejorar las condiciones organizacionales como la calidad de vida del personal (sea de una empresa, Ministerio o ONG), la optimización de recursos financieros, perfeccionamiento de servicios y la evaluación de los resultados establecidos a comienzos de ano o en las anteriores cuentas publicas. Si deseamos clarificar los pasos necesarios para avanzar hacia la mayorìa de edad de la RSC, debemos establecer cuatro conceptos claves en la concepción del Balance Social.

El primero es el informe social, donde se describe detalladamente todas las actividades sociales realizadas por una empresa, gremio, entidad pública y ONG en un ano. A partir de ello podemos hablar del balance social como un registro que muestra el estado de las pèrdidas y ganancias (retrocesos y avances) en materia social, comparándolos con los anteriores presupuestos y sus resultados respecto al año anterior. La comparaciòn nos lleva a establecer la contabilidad social que implica un proceso de cuantificación y medición de todas las cifras y datos que se relacionan con los programas e inversiones sociales implementados por la organizaciòn. Por último, estos resultados se verifican y controlan para finalmente ser publicados, en lo que se conoce como la auditoría social.

Si cada uno de los tres actores estratégicos (Estado, empresas y ONGs) implementan este modelo de cuatro elementos podrían conseguir uno de los objetivos más cercanos a la madurez que requiere la RSC: La concertación entre ellos. Es decir, los resultados mostrados por un Balance Social tendrían la capacidad de entregar una información estratégica para que la cada una de estas organizaciones puedan negociar con algún sector ajeno a ella que asì lo requiera. Por ejemplo en los países de la Unión Europea los datos contenidos en un Balance de este tipo son la base para nuevas negociaciones laborales colectivas, pues se encuentran detalladamente la informaciòn acerca de inversiones de la empresa, prioridades y necesidades financieras, cobertura de beneficios y demandas de servicios por proveedores, entre otros puntos.

Un buen consejo metodológico para comenzar a redactar un balance social es la carta de principios a la cual adhiere la empresa, el organismo público o la organización social. En ella se muestra la filosofía social que mueve al directorio, personal admimnistrativo, funcionarios y trabajadores en torno a un determinado objetivo más allá de las actividades internas de cada actor. Otro aspecto fundamental para la consecución real y no formal del balance social es el compromiso corporativo: todos los estamentos organizacionales son involucrados y no solamente una parte de ellos, por lo que se requiere superar las aprensiones que a menudo surgen de un departamento hacia otro. Por ejemplo, se deben evitar los típicos “roces” entre los equipos de Recursos Humanos o de la división Finanzas con los encargados de Comunicaciòn o Relaciones Públicas. Pese a que la ejecución del balance está en manos de un área específica (Recursos Humanos, Gestión Social y/o Comunicaciones y RR.PP.), sus metas y resultados compromenten a toda la organización. A mayor comunicación interna, mayor es la fluidez de las informaciones al mundo exterior.

El eje central de cada balance social es la implementación de un modelo específico de acuerdo a la razón social de cada organización. Sobre esta base, se deben reconocer las variables internas de éstas como: la caracterización del personal (por edad, género, nivel de salarios, tipo de contrato, nivel de capacitación, jornada, ausentismo, permisos o licencias, rotacin, etc.) y el estado de las relaciones laborales (huelgas, nivel de sindicalización, convenios, beneficios, etc.); servicios sociales otorgados a los trabajadores en salud, previsiòn, seguridad e higiene, recreación, etc., además del diagnóstico y desarrollo de iniciativas para integrar y desarrollar a los trabajadores como la capacitación y participación al interior de la organización.

La segunda viga maestra son el diagnóstico y la evaluación de los factores externos para lo cual se necesita clasificar a los llamados grupos de relaciones primarias (accionistas, proveedores, consumidores y competidores), creando indicadores que permitan evaluar la gestiòn que realiza cada organizaciòn (empresa, Estado, ONGs) con cada uno de estos actores a fin de establecer metas de perfeccionamiento relacional. Una vez definido este grupo prioritario, la atenciòn de los indicadores del balance se deben concentrar en las relaciones con la comunidad, donde se inserta el entorno local y sus necesidades cotidianas de trabajo, ambiente sano, infraestructura, etc. Que no sólo incumben al interior de la organización. Otro punto importante de las relaciones con la comunidad es el sector público, por lo que un balance social debe preocuparse por registrar una participación concreta en el desarrollo de proyectos de interés público.

Como vemos de modo sintetizado, la elaboraciòn de un Balance Social no implica un desafío extremo, ni una carga extra para las empresas, el sector público y las organizaciones de la sociedad civil. Basta solamente determinar los objetivos y un marco metodológico adecuado para desarrollar los indicadores sociales que se han planteado antes de redactar este documento. Para ello es fundamental que cada uno de estos actores consideren las demás experiencias internacionales, si Chile no quiere quedar aún más rezagado en este campo.

Llegó la hora de que las ONGs salgan a la cancha en la redacciòn y publicación del Balance Social

 

Cuando hablamos Responsabilidad Social Corporativa a menudo pensamos en las empresas como si fuesen las únicas protagonistas de este proceso. Cada vez que realizamos esta interpretación caemos en una visión imcompleta del tema pues la RSC implica un perfeccionamiento del proceso organizacional que incluye también al Estado y sus organismos, además de todas las organizaciones civiles interesadas en integrarse con el sector empresarial y público para desarrollar proyectos con un alto impacto social. Aquí es donde se insertan las Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) que están mostrando una gran autonomía para implementar sus propios balances sociales como un elemento central en sus políticas comunicacionales.

Y es que para las ONGs no es tan fácil mostrar sus actividades a los demás actores sociales, especialmente bajo la perspectiva del clásico balance económico de contabildad que sólo muestra los ingresos y gastos económicos, los cuales no son suficientes para mostrar la eficiencia y el impacto social que alcanzan las iniciativas o programas que realiza el sector para la sociedad civil. Por ello, la redacción del Balance Social presenta un gran paso adelante para que las ONGs logren registrar sus modelos de intervención social y compartirlo públicamente con el empresariado y el Estado. En este sentido, para este sector, los portadores de interés (Stakeholders) son: financiadores institucionales (UE, Gobiernos, Bancos, etc.), donadores privados, colaboradores, comunidades en las cuales operan y otro sujetos institucionales y/o ONGs relacionadas en su campo de acción.

Como vemos el panorama para aumentar las interelaciones con los demás actores estratégicos es suficientemente amplio para ser aprovechado a través de un Balance Social que de a conocer la composición profesional de la ONG, además de sus objetivos principales, sus metodologías para implementar nuevas iniciativas y los programas que realizan para concretizarlas. Este instrumento podría ser utilizado por las ONGs para demostrar de qué forma desarrollan los proyectos financiados por Stakeholders como Gobiernos, bancos u organismo internacionales como la ONU, FAO, OMS, etc. El Balance Social también es un primordial para acreditar a una ONG ante los organismo públicos y/ las autoridades del país donde éstas operan, pues el documento puede indicar el impacto social directo de los programas a realizar dentro del territorio, como oportunidades de trabajo, capacitación, entrega de nuevas herramientas y valores a la comunidad.

Cada dirigente de ONG debe considerar que el eje central en la redacción de un Balance integrador desde el punto de vista social se identifica en la creación de un conjunto de indicadores sociales que muestran el impacto de cada proyecto realizado por la organización. El primer tipo de indicador o variable madre que deben ser registrados son los recursos financieros (presupuestos), humanos (personal calificafo o no, consultores, operadores, etc.) y materiales (infraestructura, transportes, etc.) utilizados en un arco de tiempo determinado para realizar un proyecto o programa de medio plazo. A partir de este indicador se pasan a mencionar los resultados de cada iniciativa como, por ejemplo, el número de personas beneficiadas por el proyecto o el número de escuelas construidas, vacunas realizadas, etc. El tercer tipo de indicador supone la publicaciòn de los impactos sociales generados por la actividad de la ONG como el número de nuevos alfabetizados, número de capacitados que se insertan en labores productivas, etc. Este tipo de indicador social representa la punta de la piramide de todo Balance Social, debido a que muestra cómo se han cumplido los objetivos generales de la organización, además de enriquecer la oferta informativa en materia de aporte cualitativo a la riqueza comunitaria o del territorio.

En otras palabras, un modelo de este tipo que incluya los tres indicadores sociales mencionados (recursos utilizados, resultados alcanzados en cada proyecto y el impacto social) permitiría a las ONGs adaptarse a las realidades particulares de su campo de intervención, ya sea educativo, sanitario, de desarrollo urbano, infantil, etc. Además, el Balance Social debe considerar dos características constitutivas en el sector: un claro referimiento a un estándar internacional como modelo de construcción del documento y que esté en condiciones de mostrar el momento concreto que está viviendo la ONG en relaciòn a sus objetivos que la impulsan a existir con el propòsito de comunicar a todos los Stakeholders la identidad que tiene y las estrategias que impulsan a sus dirigentes.

¿Tiene una respuesta la RSC al informe de Transparencia Internacional?

 

Uno de los principales elementos del discurso utilizado en la presente campana electoral para la Presidencia del país se centra en el fenòmeno de la corrupciòn y la falta de transparencia. Todavìa podemos hablar de fenòmeno y no de una base social consolidada en la sociedad chilena, aunque no podemos desconocer un aumento persistente de acciones èticamente reprochables, tanto en el sector público como en el privado.

El último informe del capítulo chileno de Transparencia internacional habla claro: Chile se ha empantanado en su lucha contra la corrupción, retrocediendo del puesto 19 al 25 en cinco anos. La tendencia descendente permite que el paìs ahora comparte el primer lugar junto a Uruguay, como las sociedades más transparentes de Amèrica Latina. Entre las principales causas del retroceso en los últimos tres anos se mencionan los bullados casos que involucran a directivos de instituciones públicas y algunas prácticas en el sector privado. En el primer ámbito, la falta de transparencia es agravada por la lógica aplicada por la clase polìtica (gobierno y oposición) que se inserta en un lógica de acusaciones mutuas donde dificìlmente se establecen soluciones estructurales al problema.

En el segundo sector, el informe nos dice claramente: “La transparencia empresarial no ha logrado todavía constituirse en un ámbito de acción relevante de la forma de hacer negocios del sector privado”. Y agrega: “Al igual que en el sector privado, la sociedad civil todavía no asume adecuadamente el desafío de incrementar los niveles de transparencia en su gestión”.

Puestas así las cosas, las conclusiones del informe para Chile nos llevan a reflexionar en torno apuntan a dos aspectos que están intimamente ligados a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en general, y al Balance Social, en particular. Dentro de las soluciones propuestas en el campo institucional y regulativo, se propone “incrementar los niveles de transparencia en la gestión de las empresas públicas y privadas”. La idea puede ser considerada extremadamente abstracta, pero no es despreciable si la relacionamos con la funciòn del Balance Social, como instrumento clave de la RSC.

La elaboraciòn del Balance Social supone una nueva forma de innovación en la gestión de las organizaciones. Su objetivo es hacer más accesible, transparente y, por ende, valorable la acción pública realizada por las empresas, organismos estatales y organizaciones civiles. Pocos saben que la implementación de este documento permite perfeccionar la toma de decisiones de cada organizaciòn, ofreciendo la posibilidad de que el mundo exterior evalúe las opciones realizadas al interior y asì crear una retroalimentación permanente entre la organización y los portadores de intereses de ésta.

En otras palabras, a diferencia de la rigídez del clásico balance de contabilidad econòmico-financiera, el Balance Social implica una rendición de cuentas más profunda que puede ser enriquecida anualmente por los actores que se ven impactados por las acciones de cada organización, ya sea pública o privada. Al establecer una dinámica de este tipo gradualmente se reducen los déficit de comprensión entre los diversos stakeholders y la organizaciòn que realiza el documento. El principal resultado en la reducción de este déficit es el incremento de la transparencia.

Esta herramienta de la RSC es tambièn multidimensional y flexibile. Puede ser enfocada para responder exclusivamente a problemas de transparencia. Por ejemplo en Europa tenemos el ejemplo del Consejo Nacional de Contadores Auditores en Italia que ha desarrollado el método del Balance Social para la creaciòn de un “Programa de Lìneas Guía en la valoraciòn de la Responsabilidad y Transparencia”, a través de encuestas a sus usuarios (personas naturales y empresas) con el fin de que los actores de este sector puedan desarrollar un sistema propio de control externo a la organización. Dentro de este modelo se clarifica el objetivo de las indicaciones dadas por los encuestados “sean útiles para que los contadores tengan un referimiento concreto de cómo deben desenvolverse en sus juicios profesionales”. Podemos imaginar que efectos tendrìa una medida de este tipo si fuese aplicada por una empresa, un Ministerio o Servicio Público, una ONG o una Fundación social.

Muchas veces se complejiza en extremo la relación entre los objetivos de cada organización con el público en general y se piensa que la soluciòn inmediata sea establecer una campana comunicacional de buenas pràacticas sociales, cuando la principal característica de este proceso informativo es que caduca rápidamente en la memoria del público al cual se desea llegar, con lo cual la pretendida mayor transparencia terminan siendo archivada en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, la realización de una metodología interactiva entre una organización y sus usuarios supone una fase programática, en que se definen los objetivos; de presentación de las opciones que la organizaciòn desea hacer (empresa, administración pública o fundaciones); una fase consultiva a los potenciales afectados por la labor operativa de la organización, y una etapa expositiva donde se muestran las cosas que se han hecho.

La misma solución no cambia sus condiciones para el mundo privado. En su informe “Corrupción y Sector Privado”, Transparencia Internacional descata la necesidad de construir sistemas predecibles para el futuro de las empresas -o gobiernos y organizaciones civiles- a partir de factores de control como la rendiciòn de cuentas. Justamente, el concepto de “integridad corporativa” planteado por el organismo internacional se fusiona con la razòn de vida de la RSC y, actualmente, el principal instrumento de èsta para avanzar hacia una mayor integridad es el Balance Social. Ello, porque no sólo considera los ingresos y la rentabilidad de una empresa como los elementos constitutivos de la actividad, sino que busca la interacciòn con los potenciales afectados por las prácticas corruptivas. Dicho de otro modo, el principal ingrediente del Balance Social es la la integridad como eje de las operaciones organizacionales.

Afortunadamente el Balance Social no requiere del apoyo legislativo, por lo que cada organización del sector privado puede dar un paso concreto para incrementar los niveles de transparencia de modo eficiente, sin caer en el inmovilismo de la clase polìtica respecto al tema. En lo que respecta al Poder Pùblico, es necesario dar un acto de voluntad real, instaurando obligatoriamente el Balance Social en los servicios públicos y en la administración estatal. Esta es la propuesta más concreta que podrían realizar los sostenedores de la RSC en el paìs.

La RSC como un nuevo instrumento de la acción sindical

 

La participación de los sindicatos en la estructuración y redacción de los balances sociales de empresa son una realidad que no debe ser soslayada por el empresariado chileno ni por las organizaciones de trabajadores. Y es que los principales obstáculos que encuentra este instrumento de gestión de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) son de naturaleza cultural. Por un lado, el empresariado nacional todavía no abandona la idea filantròpica de la RSC y, en el peor de los casos, este concepto es sinónimo de un alza de costos que es mejor ahorrase. Mientras, en el mundo sindical, existe la idea general de que todo lo que sea RSC no es más que un nuevo método de marketing, o es la última estratagema del capitalismo para justificar su dominio, segùn el discurso de los sectores màs radicalizados.

Sin embargo, ambas concepciones se equivocan pues no consideran la RSC como un nuevo sistema de gestión organizacional que implica la puesta en marcha de procesos continuos de calidad y rendición de cuentas afuera de la actividad empresarial . Aunque lo que se denomina como un escepticismo paralizante en el mundo del Capital y Trabajo sean comprensibles, la experiencia práctica de la RSC y los Balances Sociales demuestran que no pretenden globalizar el sindicalismo ni tampoco reemplazar el rol del Estado en la tutela de los derechos laborales o la negociaciòn colectiva.

Un adecuado punto de partida respecto al rol del sindicalismo en la RSC lo podemos ubicar en la institucionalidad internacional. Iniciativas como la red del Global Reporting Iniciative (GRI,) encargada de elaborar informes de sustentabilidad ambientales y sociales; el Programa “Principios para la Inversiòn Responsable” de Naciones Unidas; la repartición Social Responsabilty de la ISO que en el 2010 lanzará la norma 26000 para certificar la calidad de las polìticas sociales de la empresa, además de los capítulos para el Desarrollo Social de las Empresas Multinacionales de la OIT y la OCDE. Las directivas y el contenido aplicativo de estas iniciativas han permitido la emergencia de una nueva visiòn empresarial y sindical en torno al diàlogo social y su vínculo con la RSC.

Ya en el 2006, la Conferencia Sindical Trabajo y Medioambiente en Amèrica Latina (CIOSL) incorporó el concepto de RSE como parte de su estrategia, la cual “permite vincular la figura de la RSE con la línea de trabajo directamente multinacional, fundamentada en instrumentos intergubernamentales (OIT, OCDE, Naciones Unidas), y los acuerdos marco globales alcanzados entre Federaciones Sindicales Internacionales y determinadas empresas multinacionales correspondientes a sus sectores de representación”. Es importante recalcar que los instrumentos internacionales ofrecidos por estos organismos no significa una homogeneización de las prácticas sindicales en los marcos establecidos por la RSC. De acuerdo a la CIOSL, los sindicatos han coincidido en la dificultad de exigir el cumplimiento de códigos de RSC a las empresas debido a las peculiaridades de cada país. Y es que la actividad sindical no existe a nivel supraestatal y el hecho de que un sindicato de un país intervenga en las situaciones de otro pueden crear susceptibilidades, sobretodo desde Europa y Estados Unidos hacia América Latina.

Este tipo de problemas pretenden ser enfrentados por los acuerdos globales existentes, específicamente a través de la “Global Resporting Iniciative” (GRI). La guía de esta entidad contiene indicadores y principios que plantean la intervención de los sindicatos en la aplicación y seguimiento de los balances sociales realziados por casa empresa que utiliza la metodología propuesta la guía. Ello ha permitido que actualmente esta especie de brújula sea considerada en Europa el principal instrumento de acciòón sindical en materia de RSC. Veamos el por qué.

“Si los grupos de interés (entre los cuales menciona a las organizaciones de trabajadores) no participan en la elaboración de la memoria anual (Balance Social) ni se identifican con ella, es menos probable que las memorias se adecuen a sus necesidades, lo que a su vez provocará que sean menos creíbles”. Ello ha llevado a los sindicatos a proponer en los balances la inclusión de indicadores internos como el número de filiales, subcontristas y proveedores con los cuales trabajan la empresa. Este tipo de datos nominales han comenzado a ser entregados directamente a los sindicatos como lo demuestran los casos de empresas espanolas como Mango e Inditex. Otros indicadores cada vez màs frecuentes en los balances sociales son el volumen de producciòn en facturaciòn y ventas junto con sus porcentajes sobre el total subcontratado; el nivel de salarios pagados; tipo de contratos utilizados y su porcentaje entre el total de trabajadores; ìndice de salud y seguridad laboral, y la menciòn de sindicatos a los cuales se ha contactado para el seguimiento de los compromisos en RSC. Ademàs de estos indicadores, la guía GRI recomienda la inclusión de indicadores globales como mencionar si existe o no una interlocuciòón y acuerdos formales con organizaciones sindicales internacionales.

Exitosos casos en esta materia tambièn lo demuestra la empresa Repsol YPF que está involucrando a sus sindicatos en las discusiones formales sobre su balance social anual, solicitando el aporte de estas organizaciones en materias delicadas como las relaciones con las comunidades indígenas, ahorro energético y sustentabilidad ambiental. De hecho, estos temas pueden ser desarrollados y propuestos por los sindicatos en el proceso de estructuración del balance de la empresa. Para ello es indispensable que exista una actitud abierta por parte del movimiento sindical chileno a tratar la RSC como un instrumento de participación y aporte social.

La oferta de productos éticos: Otro tipo de RSC

 

Al estudiar los alcances de la Responsabilidad Social Corporativa debemos considerar su primer elemento característico: es un concepto amplio que hace referencia a una multiplicidad de enfoques acerca del comportamiento socialmente responsable, particularmente en el ámbito microeconómico. Su campo de acción no discrimina a las empresas de acuerdo a su dimensión productiva y comercial. Sobre esta base, debemos reconocer que los mayores impactos sociales de la RSC no sólo apuntan a mejorar la competitividad de las empresas desde un punto de vista convencional, sino que el comportamiento socialmente responsable también pretende incentivar la cooperación de éstas entre los distintos actores microeconómicos.

En este contexto, nos concentraremos en el desarrollo de la llamada "economía responsable", también conocida como "la otra economía", "economía alternativa" o "consumo sustentable". La materia prima de esta tipo de iniciativa es la nueva concepción desarrollada por los consumidores que perciben la producción ética como el verdadero valor agregado que entregan los productores y empresas comercializadores. Esta idea es retroalimentada por la incipiente oferta de "productos éticos" que poco a poco se abre paso en Chile, más allá del escaso conocimiento sobre el tema.

Este es el motivo por el que nos concentraremos en los resultados del estudio "Oferta de productos y servicios éticos en Chile: Dimensiones y Perspectivas de un Fenómeno en Expansión", desarrollado por la Fundación Ciudadano Responsable y el Programa de ética empresarial de la Universidad Alberto Hurtado. Publicado en noviembre pasado, la investigación logró identificar a 344 organizaciones dedicadas a la "producción responsable" a lo largo del país.

Demostrando ser una expresión de RSC, los "productores éticos" se identifican con tres pilares estratégicos en su gestión: el desarrollo social, ambiental y sustentable. El primero de ellos considera las condiciones laborales justas, capacitación a los trabajadores, precios bajos a los consumidores, aportes a la comunidad y una comercialización más simétrica con los demás actores. El segundo aspecto toma en cuenta el impacto ambiental en la producción y comercialización de estos productos, como el uso sustentable de recursos naturales, la eficiencia energética y hasta un adecuado trato a los animales. El último ámbito es la interrelación entre la dimensión social y ambiental, donde se materializan proyectos vinculados al turismo.

Pero los resultados entregan dos nuevos importantes factores que son considerados por estas organizaciones como elementos constitutivos de la RSC. Uno es el rescate que pretenden ejercer los productores con las tradiciones culturales locales, asociándolas con un valor ético. El otro es la profundización de la "Accountability", entendida como el incremento de los instrumentos de control e información desde las empresas hacia los demás stakeholders. En este sentido, existe en el sector la convicción de que las empresas pequeñas presentan un mayor grado de eticidad puesto que están en condiciones de monitorear sus productos de forma más directa.

La oferta de productos éticos en Chile se concentra en el sector orgánico (44%), seguido de otros "circuitos" como el uso sustentable de recursos naturales (33%), y el comercio justo (9%). Entre los principales actores encargados de generar esta oferta están los productores directos y empresas manufactureras que se llevan el 70% de la torta. Cuando se habla de manufactureras debemos considerar a la producción artesanal e industrial no masiva, especialmente a las cooperativas "que se unen para alcanzar mayores niveles de rentabilidad en la comercialización de sus productos o promover el rescate de tradiciones propias de su actividad" (Pág. 30).

El estudio saca a la luz el trabajo combinado de las cooperativas y otras organizaciones de mayor envergadura que apadrinan a las cooperativas en la promoción de sus productos. En estos casos podemos mencionar el rol jugado por la Red de Comercio Justo del Sur, entidades públicas como Sercotec y fundaciones comercializadoras sin fines de lucro. También existen empresas con fines de lucro que comercializan estos productos debido a las nuevas oportunidades de negocio que aprecian en los consumidores. Ello demuestra que la factibilidad de la economía responsable no es una quimera, sino que efectivamente nos revela nuevos espacios para la RSC, que van más allá del marketing responsable tal como lo conocemos, pues aquí entra a operar el concepto más refractario a las modernas técnicas de marketing: La trazabilidad social por parte de consumidores, productores y una organizada red comercializadora.

Como vemos, es el principio del trabajo en grupo a pequeña escala el que muestra los frutos más efectivos en materia de RSC dentro del campo microeconómico, con un impacto social limitado, pero de grandes perspectivas de reproducción para el emprendimiento social. Y es que, cuando la motivación es estrictamente social se pueden mostrar resultados de alto beneficio comunitario. Ello puede ser visto como un modelo para la producción a grande escala que aún presenta una notable distancia con las crecientes exigencias de los consumidores más activos en este tema, los cuales ya no pueden ser considerados como una minoría, sino como un segmento relevante del mercado chileno.

Las grandes empresas también están en condiciones de imitar el ejemplo de la producción orgánica que no se ha alejado de sus parámetros de producción, reconvirtiendo sus procesos productivos sin necesidad de sacrificar los beneficios económicos y sociales, como prematuramente lo ha aceptado el sentido común de aquellas empresas reticentes a llevar a cabo al 100% la RSC. De hecho, la producción orgánica de vinos en el país muestra una sustentabilidad en el largo plazo desde 1986 y sus resultados ya están siendo publicados en los reportes de RSC o Balances Sociales.

El desarrollo del mercado nacional de productos responsables va a paso lento, pero seguro. Una de sus catapultas ha sido aceptar a la cooperación como un elemento de valor agregado y no como un factor de riesgo asociado a los balances de contabilidad convencionales que, en este sentido, se están convirtiendo en los verdaderos cuellos de botellas para el avance de la RSC.

El mètodo de la “C” en el desarrollo de la RSC

 

Probablemente uno de los potenciales más altos de la Responsabilidad Social Corporativa (RSC) sea su capacidad de establecer relaciones sistémicas para abordar diversos problemas de desarrollo. Y esta respuesta no sólo le compete a las empresas, sino que también a otras organizaciones civiles y públicas. En este contexto, las medidas de la RSC perfectamente se pueden acoplar con otro tipo de demandas, más allá del modelo económico convencional, sin necesidad de atentar contra los objetivos y las libertades de éste. Estamos hablando del compromiso que han desarrollado algunas empresas, ONGs y entidades estatales en torno a la denominada “economìa de la solidaridad”, la cual se ha venido implementando con mayor fuerza en los últimos anos en Europa y algunas partes de América Latina, donde Chile no ha sido la excepción.

La literatura econòmica diò a luz este concepto en 1980, que implica una idea completamente distinta a lo que actualmente se entiende por solidaridad. En el mundo contemporàneo la solidaridad se asocia con una idea filantropista respecto a la cooperaciòn, bajo la lògica de “te regalo un pescado, pero no te enseno a pescar”. Como sabemos, este problema todavìa afecta las pràcticas de RSC en el paìs, razòn por la cual destacaremos el aporte de algunas experiencias en el campo de la “economìa solidaria”, comprendida como una organizaciòn enfocada a una productividad asociativa y cooperativa con fines comerciales sustentables y que muestran un alto impacto social.

Los autores del concepto hablan del mètodo de la “C” para identificar estas dinàmicas econòmicas: cooperaciòn, coordinaciòn, colaboraciòn, comunidad y capaidad, entre otras. Lo màs importante es que el aporte de la RSC como un factor integrador del saber fragmentado que opera en la microeconomìa no es menor. Existen mùltiples casos exitosos en el desarrollo de este modelo de pequena escala, donde las organizaciones econòmicas de caràcter empresarial, estatal o civiles han movilizado recursos que despuès son decididos y gestionados por las propias comunidades en determinados negocios o circuitos comerciales acotados a un territorio.

España es uno de los países de origen latino que presenta una mayor cantidad de experiencia en el tema, a travès del establecimiento de una red econòmica en toda la penìnsula, donde se han materializado importantes logros como la creaciòn de una banca ètica para el financiamiento de productos, la inclusiòn de clàusulas sociales en las licitaciones pùblicas, la publicaciòn de indicadores de auditorìa social en organizaciones no lucrativas o la realizaciòn de programas de reinserciòn laboral por parte de asociaciones civiles.

Desde el punto de vista empresarial se han obtenido valiosos resultados, especialmente por parte de las pequenas y medianas empresas, en lo que se conoce como las “franquicias solidarias”. Este concepto implica una forma de distribuciòn y/o comercializaciòn de un servicio-producto, en la cual la empresa franquiciante ofrece la marca para los interesados en utilizar la marca con la condiciòn de destinar una cuota permanente de sus ganancias al financiamiento de proyectos productivos autosustentables en comunidades de lllamdo tercer mundo que tambièn, sobre esta base concreta, tienen posibilidades de insertarse en redes de comercio locales y hasta internacionales.

Un ejemplo de buen funcionamiento es el caso de la franquicia “The Body Shop” en Espana, cuya red de ventas de productos cosmèticos estableciò el programa de comercio justo “ayudar comerciando”, en el cual se adquieren ingredientes de alta calidad para sus productos, provenientes de treinta comunidades esparcidas en 23 paìses, contribuyendo a la sustentabilidad de èstas. Italia tambièn presenta el caso de la franquicia “ZYP”, una cadena de sartrerìa destinada al pequeno comerciante que opera en los barrios populares de Roma. Al comprar la franquicia, cada asociado a esta red de negocios debe otorgar cien euros mensuales a proyectos productivos en paìses de Africa y Asia.

El sistema de franquicias solidarias tambièn está dando pasos sostenidos en Argentina, donde se formó la Asociaciòn de Franquicias Solidarias, como brazo social del sector con el objetivo de promover la responsabilidad social entre las empresas agrupadas. En Chile, lamentablemente, este espacio de RSC no resulta atractivo para las grandes corporaciones, pero se ha fragmentado bastante bien en la sociedad civil, a nivel microeconómico. En este sentido, se destaca la franquicia de comercio minorista “Mediterràneo” con una cadena de tiendas de ropa ecológica y la planta de clasificación textil que busca la inserción laboral de segmentos desprotegidos.

Nuevamente, una de las principales piedras de tope en el desarrollo de la RSC dentro del país es la visión reduccionista del fenómeno, puesto que aùn se mira desde la óptica filantrópica y del marketing respionsable, cuando es un fenómeno más complejo, sistémico, integrador y que apunta al desarrollo de proyectos concretos en el mediano y largo plazo. Para insertarse con mayor fuerza en las tendencias internacionales de la RSC, las grandes Coporaciones chilenas deben extender las dimensiones reales hacia el desarrollo sustentable (además del factor medio ambiental, se incluyen las variables del desarrollo productivo y social de las comunidades); el consumo consciente (apoyo sostenido en la oferta informativa a los consumidores), y el comercio justo (con las formas prácticas que comprende, como las franquicias solidarias).

La profundizaciòn del concepto de la RSC hacia estos otros ámbitos sòlo puede enriquecer el potencial aporte del sector privado en las cadenas del emprendimiento y en las sustentabilidad social, sin constituir un obstáculo para el desarrollo en conjunto de la economìa chilena.