Uno de los principales elementos del discurso utilizado en la presente campana electoral para la Presidencia del país se centra en el fenòmeno de la corrupciòn y la falta de transparencia. Todavìa podemos hablar de fenòmeno y no de una base social consolidada en la sociedad chilena, aunque no podemos desconocer un aumento persistente de acciones èticamente reprochables, tanto en el sector público como en el privado.
El último informe del capítulo chileno de Transparencia internacional habla claro: Chile se ha empantanado en su lucha contra la corrupción, retrocediendo del puesto 19 al 25 en cinco anos. La tendencia descendente permite que el paìs ahora comparte el primer lugar junto a Uruguay, como las sociedades más transparentes de Amèrica Latina. Entre las principales causas del retroceso en los últimos tres anos se mencionan los bullados casos que involucran a directivos de instituciones públicas y algunas prácticas en el sector privado. En el primer ámbito, la falta de transparencia es agravada por la lógica aplicada por la clase polìtica (gobierno y oposición) que se inserta en un lógica de acusaciones mutuas donde dificìlmente se establecen soluciones estructurales al problema.
En el segundo sector, el informe nos dice claramente: “La transparencia empresarial no ha logrado todavía constituirse en un ámbito de acción relevante de la forma de hacer negocios del sector privado”. Y agrega: “Al igual que en el sector privado, la sociedad civil todavía no asume adecuadamente el desafío de incrementar los niveles de transparencia en su gestión”.
Puestas así las cosas, las conclusiones del informe para Chile nos llevan a reflexionar en torno apuntan a dos aspectos que están intimamente ligados a la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), en general, y al Balance Social, en particular. Dentro de las soluciones propuestas en el campo institucional y regulativo, se propone “incrementar los niveles de transparencia en la gestión de las empresas públicas y privadas”. La idea puede ser considerada extremadamente abstracta, pero no es despreciable si la relacionamos con la funciòn del Balance Social, como instrumento clave de la RSC.
La elaboraciòn del Balance Social supone una nueva forma de innovación en la gestión de las organizaciones. Su objetivo es hacer más accesible, transparente y, por ende, valorable la acción pública realizada por las empresas, organismos estatales y organizaciones civiles. Pocos saben que la implementación de este documento permite perfeccionar la toma de decisiones de cada organizaciòn, ofreciendo la posibilidad de que el mundo exterior evalúe las opciones realizadas al interior y asì crear una retroalimentación permanente entre la organización y los portadores de intereses de ésta.
En otras palabras, a diferencia de la rigídez del clásico balance de contabilidad econòmico-financiera, el Balance Social implica una rendición de cuentas más profunda que puede ser enriquecida anualmente por los actores que se ven impactados por las acciones de cada organización, ya sea pública o privada. Al establecer una dinámica de este tipo gradualmente se reducen los déficit de comprensión entre los diversos stakeholders y la organizaciòn que realiza el documento. El principal resultado en la reducción de este déficit es el incremento de la transparencia.
Esta herramienta de la RSC es tambièn multidimensional y flexibile. Puede ser enfocada para responder exclusivamente a problemas de transparencia. Por ejemplo en Europa tenemos el ejemplo del Consejo Nacional de Contadores Auditores en Italia que ha desarrollado el método del Balance Social para la creaciòn de un “Programa de Lìneas Guía en la valoraciòn de la Responsabilidad y Transparencia”, a través de encuestas a sus usuarios (personas naturales y empresas) con el fin de que los actores de este sector puedan desarrollar un sistema propio de control externo a la organización. Dentro de este modelo se clarifica el objetivo de las indicaciones dadas por los encuestados “sean útiles para que los contadores tengan un referimiento concreto de cómo deben desenvolverse en sus juicios profesionales”. Podemos imaginar que efectos tendrìa una medida de este tipo si fuese aplicada por una empresa, un Ministerio o Servicio Público, una ONG o una Fundación social.
Muchas veces se complejiza en extremo la relación entre los objetivos de cada organización con el público en general y se piensa que la soluciòn inmediata sea establecer una campana comunicacional de buenas pràacticas sociales, cuando la principal característica de este proceso informativo es que caduca rápidamente en la memoria del público al cual se desea llegar, con lo cual la pretendida mayor transparencia terminan siendo archivada en el baúl de los recuerdos. Sin embargo, la realización de una metodología interactiva entre una organización y sus usuarios supone una fase programática, en que se definen los objetivos; de presentación de las opciones que la organizaciòn desea hacer (empresa, administración pública o fundaciones); una fase consultiva a los potenciales afectados por la labor operativa de la organización, y una etapa expositiva donde se muestran las cosas que se han hecho.
La misma solución no cambia sus condiciones para el mundo privado. En su informe “Corrupción y Sector Privado”, Transparencia Internacional descata la necesidad de construir sistemas predecibles para el futuro de las empresas -o gobiernos y organizaciones civiles- a partir de factores de control como la rendiciòn de cuentas. Justamente, el concepto de “integridad corporativa” planteado por el organismo internacional se fusiona con la razòn de vida de la RSC y, actualmente, el principal instrumento de èsta para avanzar hacia una mayor integridad es el Balance Social. Ello, porque no sólo considera los ingresos y la rentabilidad de una empresa como los elementos constitutivos de la actividad, sino que busca la interacciòn con los potenciales afectados por las prácticas corruptivas. Dicho de otro modo, el principal ingrediente del Balance Social es la la integridad como eje de las operaciones organizacionales.
Afortunadamente el Balance Social no requiere del apoyo legislativo, por lo que cada organización del sector privado puede dar un paso concreto para incrementar los niveles de transparencia de modo eficiente, sin caer en el inmovilismo de la clase polìtica respecto al tema. En lo que respecta al Poder Pùblico, es necesario dar un acto de voluntad real, instaurando obligatoriamente el Balance Social en los servicios públicos y en la administración estatal. Esta es la propuesta más concreta que podrían realizar los sostenedores de la RSC en el paìs.
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